Este año, el ministro de agricultura anunció que es inminente la
modificación de la Ley de semillas argentina; el Gobierno nacional
enviará antes de fin del 2013 al Congreso el proyecto para modificar la
ley ¡Vamos por las 10.000 firmas! Digamos ¡NO a la privatización de la
vida, SI a las semillas en manos de los pueblos y a la soberanía
Durante el 2012, diversas organizaciones y movimientos lanzamos una campaña de recolección de firmas para decirle NO a la modificación de la Ley de Semillas de la Argentina. Tal
modificación equivale a privatizar las semillas, e implica el pago de
regalías por parte de los productores a las empresas biotecnológicas por
la utilización de las semillas mejoradas y patentadas. También
significa la prohibición de reutilizar las semillas que los productores
obtienen de sus propias cosechas. De este modo se viola un derecho
fundamental de los agricultores de seleccionar, mejorar e intercambiar
las semillas libremente.
Invitamos a todas las organizaciones, grupos, instituciones y personas que se sientan comprometidas en la lucha por la soberanía alimentaria de nuestros pueblos a adherir con su firma a la siguiente Declaración en contra de la modificación de la Ley de Semillas de la Argentina. ¡Vamos por las 10.000 firmas!
Invitamos a todas las organizaciones, grupos, instituciones y personas que se sientan comprometidas en la lucha por la soberanía alimentaria de nuestros pueblos a adherir con su firma a la siguiente Declaración en contra de la modificación de la Ley de Semillas de la Argentina. ¡Vamos por las 10.000 firmas!
10 motivos para luchar contra el proyecto de ley que pretende privatizar las semillas en la Argentina
Sectores del Agronegocio, de las transnacionales, así como el
Ministro de Agricultura y otros funcionarios, vienen trabajando sobre un
nuevo proyecto de Ley de Semillas. Según los borradores que se conocen y
por las declaraciones públicas, el mismo busca subordinar la política
nacional de semillas a las exigencias de la UPOV y las transnacionales.
Las consecuencias las sufrirán los campesinos y agricultores
familiares, pero también el pueblo argentino, ya que golpeará sobre el
mercado interno de alimentos.
Podemos afirmar que:
1. La ley propuesta no protege los conocimientos ni la biodiversidad;
sólo fomenta la privatización y protege la propiedad sobre lo que es un
patrimonio colectivo de los pueblos, especialmente de las comunidades
campesinas y los pueblos indígenas. De esta forma expande un principio
inaceptable, el de que es posible y aceptable privatizar los
conocimientos y diversas formas de vida La ley es parte de un
conjunto de normas e iniciativas políticas que fomentan la privatización
de los conocimientos y de las formas de vida, como las leyes de
patentes, la privatización de los sistema de investigación, la
privatización de la educación, etc. Este tipo de normas concentra un
poder creciente en manos de unas pocas empresas transnacionales,
expropia y privatiza el patrimonio biológico nacional, arruina los
sistemas nacionales de investigación, dificulta el intercambio de
información -fundamento del avance científico-, agrede e impide el
normal desarrollo de las formas campesinas e indígenas de relacionarse y
hacer agricultura, y violenta principios éticos fundamentales, como es
el libre acceso al conocimiento. Al permitir la privatización de las
semillas, esta ley y su antecesora además ponen el lucro por sobre el
derecho fundamental a la alimentación.
2. Abre las puertas para que se profundice la expropiación y
privatización de la biodiversidad agrícola y silvestre de Argentina. El
proyecto de ley hace posible la mayor privatización de los recursos
genéticos y de la biodiversidad nativa de Argentina al expandir los
llamados derechos de obtentor sobre las especies vegetales. Al
aplicarse la ley a todas las especies vegetales, el proyecto permite que
toda especie nativa pueda transformarse en propiedad de empresas
nacionales o extranjeras. Lo único que se requerirá es hacer un trabajo
simple de selección para lograr una población o grupo de plantas
relativamente homogéneas. Adicionalmente, el proyecto de ley facilita
que cualquier empresa se apropie de las variedades campesinas e
indígenas, al considerar como “nuevo” cualquier variedad que no haya
sido comercializada ampliamente o inscrita en registros de propiedad
intelectual.
3. Ilegaliza o restringe gravemente prácticas que han estado en
vigencia desde los inicios de la agricultura, como es el seleccionar,
mejorar, obtener, guardar, multiplicar e intercambiar semilla libremente
a partir de la cosecha anterior. Esta práctica es un derecho
fundamental de los agricultores y agricultoras del mundo -incluso
reconocida por el Tratado de Recursos Fitogenéticos de la FAO- que
además fue central en crear la diversidad y riqueza genéticas utilizadas
por las mismas empresas semilleras que buscan hoy prohibir aquella
práctica. El proyecto de ley impedirá que las comunidades
campesinas e indígenas experimenten, mejoren e intercambien libremente
las semillas, proceso a través del cual generaron toda la diversidad que
hoy sustenta a la agricultura. Peor aún, la combinación de esta ley con
la ley de patentes hará posible que los agricultores cuyas variedades
hayan sido contaminadas por cultivos transgénicos sean penalizados y sus
variedades sean confiscadas. Se crea así una clásica situación del
ladrón detrás del juez.
De esta manera, el proyecto de ley entra en conflicto con el Tratado de
Recursos Genéticos de la FAO, del que Argentina es signatario.
4. Fortalece las condiciones para que se profundice la introducción
de nuevos cultivos transgénicos y su expansión, al otorgar propiedad
sobre variedades sin exigir prueba efectiva de mejoramiento y en base a
la simple expresión de un carácter. La definición de los requisitos
para otorgar propiedad no exige que una variedad sea efectivamente mejor
que las ya existentes, ni siquiera exige que sea útil o inocua. Al
definir que basta la diferenciación de un carácter, facilita
significativamente la práctica común de las empresas biotecnológicas de
utilizar variedades antiguas para adicionar transgenes o genes
cosméticos (sin valor productivo, pero capaces de provocar una
diferencia visible) y luego registrarlas como “nuevas”. La no exigencia
de mejorías comprobables o de inocuidad facilita además la introducción
de cultivos tóxicos.
5. Crea condiciones para expandir la presencia de empresas semilleras
transnacionales en el país, en desmedro del desarrollo nacional de
variedades vegetales. La experiencia mundial ha demostrado que las
leyes de propiedad industrial sobre las plantas han provocado un proceso
de concentración extrema de la producción de semillas a nivel mundial,
restringiendo así el acceso a nuevas variedades. Al no permitir el libre
uso de las variedades existentes para crear nuevas variedades -base de
los grandes avances en mejoramiento genético- la nueva ley hace muy
difícil el ingreso de nuevos actores a los procesos de mejoramiento
genético, reduciendo así la oferta tecnológica.
6. Al otorgar poderes monopólicos sobre las semillas, dificultar los
procesos de mejoramiento genético independiente, impedir que los
agricultores produzcan sus propias semillas y facilitar los procesos de
concentración de las empresas semilleras, provocará inevitablemente el
alza de los precios de las semillas, encareciendo la producción agrícola
en general y la de alimentos en particular. El proyecto de ley crea
las condiciones para un control monopólico del primer eslabón (las
semillas) de la cadena de producción de los alimentos, quedando gran
parte de la población expuesta a esta vulnerabilidad. Esta situación a
la fecha no ha sido posible debido a que la producción de semillas se
encuentra en manos de muchos y muchas agricultoras.
7. Otorga a las empresas semilleras el “poder de policía”, ya que
deja en sus manos el asegurar que las disposiciones de la ley se
observen adecuadamente. Es conocido que empresas como Monsanto y
Syngenta han creado verdaderos cuerpos policiales para controlar que los
agricultores y campesinos no utilicen lo que ellos consideran su
propiedad. Se violan así incluso normas fundamentales del país, como el
que los cuerpos policiales están bajo el control y mando del Estado y
los poderes fiscalizadores dependen o son supervisados por éste. Es
inadmisible la privatización del poder de policía.
8. Permite el decomiso y embargo de los cultivos y cosechas de
quienes sean acusados de no cumplir con la ley. Esto se puede traducir
en la destrucción de cultivos y plantaciones frutales, en el decomiso de
productos ya a la venta, e incluso en el embargo de exportaciones
argentinas. La ley facilita demandas sin fundamento y limita el derecho a defensa de los demandados.
9. El proceso de negociación de la ley está viciado de secretismo y
sectarismo al ser llevado adelante a puertas cerradas y únicamente con
la participación de sectores corporativos, sin darse a conocer al
público el borrador que se está discutiendo ni posibilitar la
participación de toda la sociedad en el debate. Una nueva Ley de
Semillas de estas características afectará al conjunto de la sociedad.
Impedir su debate público es un atentado a los derechos humanos de todo
el pueblo argentino. Negar la información sobre el Proyecto, como ha
hecho el CONASE a las organizaciones que lo han solicitado (no
respondiendo el pedido) demuestra que no existe intención alguna de
abrir las puertas al debate.
10. El anuncio de la modificación de la Ley hecho simultáneamente con
la aprobación de la soja rr2 de Monsanto confirma quien es el principal
beneficiario de este Proyecto. La anunciada “Alianza Estratégica”
con Monsanto tiene a la modificación de la Ley de Semillas como uno de
sus pilares. De hecho, la mayor corporación biotecnológica del mundo ha
expresado este reclamo desde comienzos del Siglo 21 exigiendo que
Argentina le garantice la “seguridad jurídica” para introducir nuevos
transgénicos.
Hacemos un llamado a Rechazar un proyecto de ley que atenta gravemente
contra el conjunto de los habitantes de nuestro país. La agricultura
tiene un carácter eminentemente social, puesto que tiene la función de
sustentar y alimentar a toda la población. Poner en riesgo la seguridad y
soberanía alimentaria de Argentina a través de la concesión de nuevos
privilegios para las empresas transnacionales que están en el negocio
agrícola es avanzar por el camino de la pérdida de soberanía para
nuestro pueblo.
- ¡NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LAS SEMILLAS Y LA VIDA!
- ¡FUERA MONSANTO Y LAS CORPORACIONES DEL AGRONEGOCIO DE AMÉRICA LATINA!
- ¡POR UNA AGRICULTURA PARA ALIMENTAR A Y EN MANOS DE LOS PUEBLOS!
Organizaciones firmantes:
Movimiento Nacional Campesino Indígena
CLOC - Vía Campesina Argentina
GRAIN
Amigos de la Tierra
Acción por la BiodiversidadCredito: http://www.biodiversidadla.org
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