Nosotros, movimientos sociales y populares, reunidos en Brasilia en
los días 14, 15 y 16 de julio, durante la XVIII Cúpula Social do
MERCOSUL, expresamos en este documento los consensos alcanzados por las
organizaciones y movimientos sociales presentes, destinados al
fortalecimiento de la agenda social, de la participación ciudadana y de
la plena integración de los pueblos de la región.
Los movimientos sociales reafirman su compromiso con la Democracia
como valor fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad. La lucha
contra el neoliberalismo, en la década del 90, culminó con la elección
de sucesivos gobiernos progresistas en América Latina, abriendo un ciclo
de cambios y transformaciones sociales. Con la derrota del Alca, en
2005, avanzamos en la soberanía de los pueblos, en inversiones en
políticas sociales y de inclusión importantes, y hoy todos esos
proyectos están siendo confrontados por una ofensiva imperialista,
representada por el poder financiero internacional y por las oligarquías
nativas que vieron sus intereses afectados por los gobiernos populares.
Las grandes corporaciones multinacionales y los especuladores
financieros, causantes de esta crisis, quieren impulsar nuevas formas de
explotar a los pueblos del mundo, apoyados por tratados de “libre
comercio”, que para avanzar, deben cuestionar los procesos de
integración regional, en especial al Mercosur, y así, sobreponer los
intereses de las corporaciones a los derechos de los trabajadores y a la
libertad de los pueblos. En este sentido, rechazamos el Tratado
Transpacífico, el TISA, y cualquier otro acuerdo que no sea claro, justo
y democráticamente construido a partir de la participación popular. No
aceptamos la reducción de ninguno de los derechos consolidados de los
trabajadores del bloque.
Uruguay y Paraguay deben salir de las negociaciones del TISA, y el
Mercosur debe adoptar una actitud proactiva de rechazo de esa dinámica
de negociación, que busca limitar aún más las capacidades de los Estados
de construir trayectorias de desarrollo profundizando el poder
corporativo.
Nos preocupamos y estamos atentos a la incursión de China en la
región, y queremos que las negociaciones con este país sean pautadas no
solamente por el comercio, que amenaza la industria local y el mundo del
trabajo, sino también por una relación justa y benéfica para los
pueblos de la región.
Mercosur no debe avanzar en las negociaciones de un tratado de libre
comercio con la Unión Europea, tomando como ejemplo los seis acuerdos de
asociación que Europa ha firmado con América Latina queda claro que
los mismos imponen condiciones injustas en la relación comercial y
promueven obligaciones que limitan la capacidad de desarrollo autónomo
de nuestros Estados: compras públicas, protección de los derechos de
propiedad intelectual, protección a las inversiones, exigencia de
apertura en sectores industriales que ponen en riesgo nuestros puestos
de trabajo. No al retroceso de las políticas de subsidios agrícolas y
apertura a los mercados en este sector. Las negociaciones con terceros
deben sustentarse sobre las bases de equilibrio, y deben concordar con
los objetivos estratégicos construidos regionalmente. Denunciamos la
falta de transparencia y el sigilo con que vienen siendo tratadas las
negociaciones del MERCOSUR y la Unión Europea.
El capitalismo especulativo ha provocado la crisis ambiental,
alimentaria y energética que actualmente deteriora la capacidad de
revertir la desigualdad y la injusticia social, amenaza los significados
y contenidos de los proyectos democráticos y emancipadores de la Región
y coloca en riesgo la propia supervivencia de la humanidad. La
preservación de la madre tierra y la soberanía sobre los recursos
naturales y minerales deben ser pautadas por una nueva lógica de
producción y consumo, que preserven y estimulen la solidaridad.
Es importante destacar que hay una tentativa de imponer una ofensiva
conservadora contra los derechos de los trabajadores, de la juventud, de
las mujeres, de los pueblos originarios, de la población LGTB, de los
negros y negras, indígenas y población campesina. Esa ofensiva precisa
ser combatida en todo el continente y en respuesta los movimientos
sociales precisan actuar de forma unitaria, construyendo una agenda
común de lucha a partir de las siguientes acciones: fortalecimiento de
la integración y el respaldo y profundización de las conquistas y de la
democracia.
La masacre de Curuguaty se convirtió en uno de los casos más graves
de violación de derechos humanos y criminalización de las luchas
sociales da Jubileo Sur/Americas, en cuyo contexto se encuentra la
demanda de acceso a la tierra y a la alimentación adecuada. Nosotros,
los pueblos del Mercosur, nos posicionamos como “Observadores
Internacionales del Juicio”.
Es fundamental que afirmemos que los problemas y las limitaciones del
actual proceso del MERCOSUR deben ser resueltos con MÁS DERECHOS, MÁS
PARTICIPACIÓN Y MÁS INTEGRACIÓN Y no con la negación y retroceso que
representan los acuerdos de libre comercio.
En este contexto, los movimientos sociales y organizaciones reafirman
la importancia y el significado que tiene el proceso de integración
regional democrático e inclusivo para la construcción de sociedades
soberanas y justas, con una agenda política que incorpore los siguientes
temas:
1. Las dimensiones política, económica, productiva, social,
educacional, ambiental, cultural y ciudadana de la integración regional,
que son las bases sobre las cuales se debe avanzar rumbo a un MERCOSUR
más efectivo, justo y democrático. En este sentido, hacemos un llamado a
los gobiernos para que implementen las directrices del Plan Estratégico
de Acción Social del MERCOSUR (PEAS) y el Estatuto de la Ciudadanía del
MERCOSUR. Asimismo, apoyamos la actuación de la UPS y de su capacidad
presupuestaria, para de forma transparente y eficaz, promover la
ampliación de la participación autodeterminada de las organizaciones y
movimientos sociales de la región.
2. La armonización de legislaciones que afectan la plena
consolidación del proceso de integración (trabajo, providencia,
tributos, entre otras) y la implementación efectiva del Acuerdo de
Seguridad Social del Mercado Común del Sur y el Acuerdo sobre Residencia
para Nacionales de los Estados Partes del Mercado Común del Sur –
MERCOSUR, Bolivia y Chile. Para tal, instamos a que los gobiernos
apliquen, en todos los niveles, las políticas acordadas en el bloco.
3. Saludamos la decisión de la Argentina de convocar elecciones
generales del PARLASUR el próximo 25 de octubre, sumándose a la
República del Paraguay e instamos a los demás países a llevar adelante
procesos similares, que tengan como objetivo la consolidación del
PARLASUR, principal órgano de representación política de los pueblos,
asegurando la paridad de género en las listas.
4. La libertad de expresión y la construcción de un MERCOSUR
verdaderamente democrático y participativo, implica necesariamente la
democratización de los medios de comunicación y una política activa de
cooperación específica. En este sentido, enfatizamos la necesidad de
participación activa y fomentada por los Estados y organizaciones de la
sociedad civil en la discusión, elaboración y/o implementación de nuevas
leyes de comunicación que reflejen el nuevo mapa social de nuestro
continente que exige la democratización de la palabra, la pluralidad de
voces, y la extinción de los monopolios de los medios de comunicación.
Fin de la restricción y de la persecución a los medios comunitarios,
populares e independientes. Consideramos la comunicación un derecho u no
una mercadería e instamos a los gobiernos a hacer efectiva la
participación de la sociedad civil en la Reunión Especializada de
Comunicación Social (RECS).
5. El fortalecimiento de las políticas regionales de educación que
respeten y valoricen la diversidad cultural, racial, étnica y de género,
que sean inclusivas y que incorporen como fundamento los derechos
humanos como elemento indisociable de la creación de una ciudadanía
regional, superando todas las formas de discriminación, debiendo ser,
por tanto, no sexista, no machista, no racista, no homofóbica y no
lesbofóbica. Defendemos, especialmente, la garantía del financiamiento
público educacional adecuado para la adopción de políticas de educación
para la integración, de inclusión educacional de segmentos vulnerables,
de las políticas de financiamiento para la educación y de la
valorización, en todos los niveles, de los profesionales de la
educación. Es igualmente imprescindible garantizar la utilización,
preservación y transmisión de las lenguas maternas de las poblaciones
originarias de la región, especialmente en las áreas de frontera.
6. Exigimos que los países miembros del MERCOSUR implementen
efectivamente políticas públicas de educación ambiental y comunicación
comunitaria para la preservación del medio ambiente y mitigación de los
efectos provocados por los impactos ambientales, minimizando el
sufrimiento de los afectados por la injustica ambiental. Que sean
planeados y ejecutados proyectos de educación ambiental para una
sociedad sustentable y ambientalmente responsable con la generación y
descarte de residuos sólidos y acciones de fortalecimiento de
recolección selectiva y creación de empleo y renta en América Latina.
7. El Mercosur siempre reconoció a la juventud como sujetos de
derecho y como personajes importante para la Región. La juventud del
Mercosur convoca para la construcción de jornadas de luchas
continentales, contra el golpismo, en defensa de la democracia y con
campañas comunes: “Contra la reducción de la edad de imputabilidad
penal, por el matrimonio igualitario, contra las bases militares en
América Latina.
8. Reconocemos la centralidad del empleo y del trabajo decente para
la estrategia de desarrollo y crecimiento del MERCOSUR. Por esto,
exigimos la estructuración del Observatorio del Mercado de Trabajo del
Mercosur, para que este pueda atender a las demandas hechas por los
órganos del bloque. Especialmente, que ese observatorio contemple los
datos referentes a la inserción y permanencia de la mujer en el Mercado
de Trabajo, reconocidamente, los recortes por edad, clase social y
etnia. Exhortamos a los gobiernos a colocar en práctica el Plan MERCOSUR
de Facilitación de la Libre Circulación de Trabajadores/as, a armonizar
los sistemas providenciaros, implementar los Planes Regionales de
Inspección del Trabajo y de Erradicación del Trabajo Infantil, a
acelerar la armonización de las Normas sobre Salud y Seguridad en el
Trabajo. Defendemos el derecho a la libre organización sindical conforme
lo expresado en la Declaración Socio-laboral del Mercosur. Exigimos de
los Estados la misma tipificación del crimen de tráfico de personas en
todos los países del MERCOSUR y que se ratifique inmediatamente la
Convención sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los
Trabajadores Domésticos, 2011 (nº 189) y la Recomendación con el mismo
título (nº 201) de la OIT.
9. Además del derecho al trabajo que se garanticen los derechos al
acceso a los servicios básicos y la vivienda adecuada a los
trabajadores.
10. Que el Mercosur asuma el compromiso de construcción de políticas
que avancen en el sentido de alcanzar un salario igual para trabajo
igual y la creación y ampliación de equipamientos públicos que
contribuyan en la socialización del Trabajo Doméstico.
11. De forma especial, saludamos la firma de la nueva Declaración Socio-Laboral del MERCOSUR y expresamos nuestra movilización permanente para hacer efectivos los derechos en ella expresados. Esta firma viene a sumarse a esta perspectiva de una región que busca su desarrollo ampliando derechos sociales. Avanzar en un MERCOSUR por más derechos, para el reconocimiento de la ciudadanía regional y la libre circulación de personas entre nuestros países es fundamental.
11. De forma especial, saludamos la firma de la nueva Declaración Socio-Laboral del MERCOSUR y expresamos nuestra movilización permanente para hacer efectivos los derechos en ella expresados. Esta firma viene a sumarse a esta perspectiva de una región que busca su desarrollo ampliando derechos sociales. Avanzar en un MERCOSUR por más derechos, para el reconocimiento de la ciudadanía regional y la libre circulación de personas entre nuestros países es fundamental.
12. La salud es un derecho universal, integral, que promueve igualdad
y exige participación, para que el desarrollo con justicia social sea
alcanzado. En este sentido, instamos a los gobiernos de la región para
desenvolver Políticas regionales de salud que garanticen su
universalidad, gratuidad, integralidad, su carácter equitativo,
primordialmente con acciones de prevención y de promoción, sustentado
por la calidad técnica y humana, financiado con recursos generales de
los Estados y con la participación y control popular en los núcleos de
decisión. Entendemos que el gozo de los derechos a la salud debe ser
concebido como cuestión de orden pública, inalterable e irrenunciable,
asumido por los Estados, garantizando satisfacción de salud individual y
colectiva.
13. Reafirmamos los territorios, tierra, agua, semillas,
biodiversidad y derechos de los pueblos del campo, de las aguas y de las
selvas como la base de un proyecto de desarrollo basado en la justicia
social y ambiental. Entretanto, esa base está bajo continuo ataque
gracias a una ofensiva del agronegocio, de las empresas mineras,
petroleras, de las corporaciones transnacionales, de las compras de
tierras por extranjeros y de la especulación inmobiliaria, colocando en
riesgo la existencia de la propia humanidad, pues compromete la
reproducción de la vida en todas sus dimensiones. Llamamos a los Estados
a garantir la reforma agraria popular e integral, la demarcación y
homologación de tierras indígenas y de poblaciones tradicionales como
forma de reparar las grandes deudas sociales de América del Sur y
recolocar el desarrollo regional sobre otros niveles, como la
agroecología y la soberanía alimentaria. Hacemos un llamado a los
Presidentes a implementar las recomendaciones presentadas por la Reunión
Especializada sobre Agricultura Familiar (REAF) y por la Reunión
Especializada sobre Cooperativas (RECM).
14. Hacemos un llamado a los gobiernos a comprometerse con la
promoción y la protección de los derechos humanos en el MERCOSUR y
Estados asociados, enfatizando la importancia de asegurar el derecho a
la verdad y a la memoria, reconocer las vulnerabilidades de los
migrantes y refugiados en los países del bloque, con perspectiva de
género, establecer estrategias de cooperación contra la violencia y
discriminación sexual, racial y étnica, la explotación sexual de niñas,
niños y adolescentes y el tráfico de seres humanos, especialmente de
mujeres y niños y de profundizar el compromiso en la promoción y en la
protección de los derechos de los niños y de los adolescente, personas
con necesidades especiales y adultos mayores. Se debe brindar especial
atención a los derechos de los pueblos originarios, particularmente en
las regiones de frontera.
15. Las organizaciones sociales presentes en esta cumbre reconocen la
contribución de los países de la región, de sus gobiernos y de los
actores sociales en la declaración de la OEA del 15 de junio de 2015
donde manifiestan la necesidad de que tengamos un instrumento regional,
jurídicamente vinculante que proteja los derechos humanos de las
personas mayores y fomente un envejecimiento activo en todos los
ámbitos, asegurando su dignidad por toda su vida.
16. La construcción y la implementación de las Directrices de
Educación y Cultura en Derechos Humanos del MERCOSUR es la manera
efectiva de construir una identidad regional que considere las
realidades históricas, sociales, económicas, culturales e políticas de
los pueblos de la región. La dimensión social y cultural del MERCOSUR,
además de su estructura económica, sólo será posible a partir de la
construcción de ciudadanas y ciudadanos mercosurianos.
17. La prioridad de la formulación de un marco jurídico de defensa de
los derechos de los migrantes en los países del MERCOSUR y Estados
Asociados, reconociendo el derecho a migrar y no migrar como derecho
humano fundamental, enfatizando la necesidad de garantizar la seguridad
de todos los migrantes independientemente de su estatus migratorio,
denunciando y frenando las violaciones de derechos humanos en las
fronteras y de la conducción inhumana de las deportaciones y expulsiones
colectivas de extranjeros. Por la integración de nuestros pueblos en la
construcción de una ciudadanía Mercosuriana por la libre circulación de
personas, por la ciudadanía regional, con documento único y por un
MERCOSUR libre de xenofobia, tomando en cuenta la perspectiva de género,
exhortamos a nuestros gobiernos a ratificar la Convención de las
Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de los Trabajadores
Migrantes y sus Familias y promover la respectiva normativa del MERCOSUR
con vistas a la convergencia de los marcos jurídicos de estos derechos
en nuestros países. Reiteramos la propuesta de creación de un Consejo de
Políticas migratorias e integración de los Pueblos como instancia
política y decisoria, con la participación de los y las migrantes.
Consideramos necesaria la implementación de instancias de asesoría legal
de los y las migrantes en el ámbito del MERCOSUR y el tratamiento de
las cuestiones migratorias por órganos civiles, abandonando la lógica de
seguridad nacional en las cuestiones migratorias.
18. La necesidad de una estrategia de desarrollo regional urbano,
integrado y sustentable para el conjunto de las ciudades. Para tanto,
proponemos el reconocimiento, por parte de los gobiernos de los países
del MERCOSUR, del derecho a la ciudad como un derecho humano
fundamental.
19. La asignación de los recursos políticos y económicos necesarios
para la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer. La
misma prioridad debe ser dada a la adopción de políticas públicas de
atención a la salud reproductiva y sexual. Enfatizamos la necesidad de
los gobiernos, articulados con los movimientos y organizaciones
sociales, implementar los compromisos asumidos en la IV Conferencia
Mundial sobre la Mujer, en la Convención para la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer (Convención CEDAW) y en la
Convención Interamericana para Prevenir, Punir y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). Exigimos la
descriminalización en toda la región, de la orientación sexual e
identidad de género, con la elaboración y aprobación de leyes
antidiscriminatorias como políticas de Estado. Exigimos la
despatologización de las identidades de las personas trans, travestis,
transexuales y transgénero y la promoción y aprobación de la Ley de
Identidad de Género en los países del MERCOSUR. Que la construcción de
políticas del Mercosur tome como base las experiencias más avanzadas de
los países que lo componen, de modo que reflejen los modelos más
exitosos, como la legalización del aborto en Uruguay, la paridad de
género en las elecciones generales de Venezuela, matrimonio igualitario y
derecho a identidad de género en Uruguay y en Argentina y la Ley Maria
da Penha en Brasil.
20. La importancia de la consolidación y mayores aportes financieros
para el Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR como un
instrumento para superar las desigualdades sociales y asimetrías entre
los países. Entendemos que los recursos destinados al FOCEM deben ser
ampliados y su actuación transparente, propiciando el control social
para que el FOCEM aumente su inversión en las cuestiones sociales,
considerando las peculiaridades de los diferentes segmentos de la
sociedad (jóvenes, mujeres, migrantes, trabajadores, etc.). Asimismo, es
fundamental articular los mecanismos de financiamiento existentes a
través de la construcción de un organismo regional de financiamiento al
desarrollo en el MERCOSUR. También defendemos que el acceso a los
recursos del FOCEM por empresas sea pautado por el respeto a los
principios y derechos expresados en la Declaración Socio-laboral del
MERCOSUR.
21. La necesidad de articulación entre los movimientos,
organizaciones sociales y populares y gobiernos para garantizar
continuidad, en el MERCOSUR y Estados asociados, de las recomendaciones
de la Conferencia Regional de las Américas sobre los avances y desafíos
en el Plan de Acción contra el Racismo, la Discriminación Racial, la
Xenofobia e Intolerancias relacionadas. Debe ser estimulado el
intercambio de experiencias y mejores prácticas para la promoción de la
igualdad racial en el bloque. Apoyamos la Resolución de las Naciones
Unidas denominada “Década de las comunidades afrodescendientes 2015-2024
y exhortamos a los países de la región a promover la implementación con
amplio Diálogo Social. Solicitamos que se organice un encuentro
regional, de forma urgente, con todas las entidades afrodescendientes
del Mercosur.
22. Promover la inclusión de la temática de la deficiencia en la
agenda permanente de los Estados-Miembros y Asociados con la
participación plena de la sociedad civil; Incentivar la creación de
consejos consultivos de la sociedad civil en los Estados Miembros y
Asociados; solicitar que el actual Grupo de Trabajo sobre Deficiencia
del MERCOSUR se torne una Comisión Permanente.
23. El cumplimiento por parte de los gobiernos nacionales,
departamentales y municipales en sus instancias (Ejecutivo, Legislativo y
Judicial) de las Leyes, especialmente la Convención 169, normas de
protección de los derechos de los Pueblos Originarios. El reconocimiento
político de nuestras naciones por los países asentados sobre el espacio
territorial ancestral de los Pueblos Originarios y su libre
determinación en espacio territorial ancestral de los pueblos nativos y
auto-determinación. Así como la existencia de un documento único de
identidad como pueblos originarios, reconocido por todos los Estados
Parte en igualdad de condiciones.
24. La necesidad de implementar y fortalecer la participación social
en la gestión integrada de las cuencas hidrográficas y transfronterizas.
El desarrollo sustentable, la defesa de la biodiversidad, la
ratificación de los tratados internacionales, son fundamentos para la
construcción de un MERCOSUL socio-ambiental. Instamos a los países del
bloque a asumir una postura común de defensa del medio ambiente y de los
recursos naturales del MERCOSUR, frente a la próxima COP 21 -
Conferencia de las Partes – que tendrá lugar en diciembre próximo en
Paris. Urge una postura que esté a la altura de los desafíos y de las
demandas de los pueblo por justicia climática y socio-ambiental. La
defensa vehemente por los países del bloque del principio de la
Transición Justa y del Trabajo Decente es condición fundamental para la
transición de una economía de alto carbono para una de bajo carbono.
25. Nos solidarizamos efusivamente con el Pueblo Griego en su lucha
por la reestructuración de la Deuda ilegítima, odiosa e ilegal y por el
rechazo a las políticas de austeridad que vienen asfixiando la economía
griega y colocando a la población en una situación dramática. Al mismo
tiempo, apelamos a nuestros gobiernos para promover un gesto de
solidaridad para con Grecia, y discutir opciones de financiamiento
alternativo y prácticas que promuevan la justicia social, y signifiquen
una ayuda concreta para el pueblo griego para superar las carencias a
las que fueron sometidos por la Troika y, en particular, por la
intransigencia del gobierno de Alemania.
26. Hasta que Israel respete sus obligaciones con el derecho
internacional: exigimos que el MERCOSUR suspenda inmediatamente el
Tratado de Libre Comercio con aquel país; establezca medidas concretas
para prohibir contratos públicos con empresas envueltas en los crímenes
israelenses; y no establezca el alto a las relaciones militares de los
Estados Partes con Israel. Rechazar las agresiones al Estado Palestino.
27. Nos solidarizamos con el empobrecido y violentado pueblo haitiano
que sufre en estos momentos una agresión por la expulsión de los
migrantes del territorio dominicano, acción racista y xenófoba
perpetrada por la República Dominicana, en una actitud que repudiamos en
el espacio latinoamericano, que debe buscar la paz y la relación
armoniosa entre pueblos y naciones. Exigimos a los Estados Parte que
busquen caminos para impedir y reparar esta injusticia y que avancen en
la integración entre los pueblos, basándose en la educación, salud, en
el intercambio entre campesinos para la producción de alimentos,
investigación y solidaridad, acciones estas que dependen de la retirada
inmediata de las fuerzas militares extranjeras presentes en aquel país.
28. Expresamos nuestro más firme apoyo a la permanente lucha de la
República Argentina por la soberanía de las islas Malvinas, Georgia del
Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes,
asumiéndolo como causa regional. Rechazamos el desarrollo de actividades
unilaterales británicas que incluyen entre otros, la exploración de
recursos naturales renovables y no renovables en el área en conflicto y
controversia. Denunciamos la presencia de bases militares imperialistas
en países latinoamericanos y caribeños que constituyen una seria amenaza
a la seguridad y soberanía de la región. Así mismo apoyamos dentro del
derecho internacional todas las sanciones implementadas por el gobierno
argentino dirigidas a defender los recursos de la región y la soberanía.
29. Apoyamos la formación de un Consejo de Defensa de los Pueblos del
Mercosur para proteger la soberanía, la democracia y los derechos
humanos de nuestros pueblos.
30. Apoyamos al Estado Plurinacional de Bolivia en su justa demanda
por el derecho de salida al mar con soberanía, y solicitamos a las
instancias del Mercosur que aceleren el proceso de incorporación de
Bolivia como miembro pleno del Bloque.
31. La madre naturaleza es un bien común de los pueblos al servicio
de la humanidad. Por tanto, rechazamos cualquier forma de destrucción,
apropiación privada, biopiratería, y solucione de mercados que sólo
profundizan el actual estado de crisis ambiental y climática. Nos
oponemos al poder empresarial de MONSANTO asentado en la monocultivo y
en los cultivos transgénicos.
32. Pronunciamiento contra la narco-política en Paraguay, cuya
institucionalidad se encuentra hoy en disputa por el narcotráfico y el
crimen organizado incrustado en el aparato del Estado.
33. Cese inmediato de la criminalización de los movimientos sociales,
del estado de sitio de facto instaurado con la militarización de los
departamentos así como el cese inmediato de las violaciones masivas a
los derechos humanos por fuerzas militares y policiales.
34. La Cumbre Social del Mercosur exige respeto al proceso
democrático brasilero y se posiciona contra las tentativas de retroceso
político y económico al servicio de los monopolios privados que buscan
imponer su voluntad al Brasil.
35. Abrazamos al heroico pueblo de Cuba y a su gobierno por su
resistencia al bloqueo norteamericano y creemos que el restablecimiento
de las relaciones con los EUA no perjudicarán el proceso revolucionario
cubano. Aún esperamos el fin definitivo del bloqueo y el cierre de la
prisión de Guantánamo.
36. Las organizaciones y movimientos sociales del MERCOSUR, reunidos
en Brasilia, afirman el compromiso de continuar impulsando la
integración de los pueblos: por una verdadera integración que nos
permita recuperar la soberanía plena a partir y para los pueblos del
Sur.
37. La XVIII Cumbre Social reconoce el proceso autónomo de
construcción de esta cumbre y felicita al gobierno brasilero por el
esfuerzo emprendido en este cambio de paradigma en la construcción de la
Cumbre Social. Una cumbre verdaderamente de los pueblos, a través de
los pueblos y para los pueblos. Finalmente, queremos y lucharemos para
que este cambio se consolide en todas las cumbres sociales del MERCOSUR
que seguirán. ¡Sin autonomía no hay avance!
38. Denunciamos la campaña internacional de desestabilización contra
el estado venezolano, su gobierno y su pueblo, como arremetida del
imperialismo que se ha venido manifestando en la orden ejecutiva,
Decreto Obama, que declara a Venezuela como una amenaza inusual y
extraordinaria, así como la injerencia de ex presidentes, senadores y
voceros políticos de la derecha internacional que tienen como objetivo
final interrumpir el proceso de integración que desarrollan los pueblos
de la región.
39. Asimismo, nos solidarizamos con el pueblo venezolano, con su
revolución bolivariana, encabezada por el Presidente Obrero y Chavista
Nicolás Maduro y la lucha que emprende en la defensa de la soberanía de
su país contra de la guerra económica y financiera que imponen las
transnacionales.
40. Nos solidarizamos y apoyamos el pedido de justicia en el caso de
las 43 víctimas de la violencia política generada por factores
opositores en Venezuela en los años 2013 y 2014 y rechazamos el uso
político que estos sectores le dan al tema de los derechos humanos con
el objetivo de desestabilizar la democracia venezolana.
41. Reconocemos que el desendeudamiento de los países de la región es
una condición esencial para el desarrollo de nuestros procesos de
integración, por tanto repudiamos enérgicamente las maniobras
especulativas de los Fondos Buitres que intentan someter al pueblo
argentino. Asimismo, reconociendo que los procesos de reestructuración
de la deuda no afectan únicamente a la República Argentina, destacamos
la necesidad de que la comunidad internacional trabaje en pro de la
conformación de una arquitectura financiera global que permita contar
con los instrumentos que posibiliten acuerdos razonables y definitivos
entre acreedores y deudores soberanos, permitiendo hacer frente a
problemas de sustentabilidad de la deuda de forma ordenada.
42. La integración regional es la respuesta de los Pueblos para
detener el avance del conservadurismo y del liberalismo económico
predatorio.
Brasilia, 16 de julio de 2015
Fuente: Alba TV
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